El pasado lunes 8 de junio, alumnos y docentes de la cátedra Taller de Lenguaje Jurídico I, de la carrera de Abogacía, concretaron la entrega formal de la iniciativa parlamentaria. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad y contó con la participación de los legisladores del departamento Chilecito.
La Universidad Nacional de Chilecito (UNDeC) fue escenario de la presentación formal del anteproyecto de ley provincial de Lenguaje Jurídico Claro. La jornada, realizada el pasado 8 de junio, consolidó un proceso de investigación y desarrollo técnico llevado a cabo de manera íntegra por los estudiantes de la carrera de Abogacía.
La propuesta legislativa surge como resultado del trabajo áulico y de investigación en la cátedra Taller de Lenguaje Jurídico I. Tras realizar un diagnóstico de la situación normativa regional, el cuerpo académico detectó que, si bien existen disposiciones dispersas, la provincia de La Rioja carece de una ley marco específica que regule y unifique el uso de un lenguaje accesible en los actos de gobierno y documentos públicos.
Para revertir este vacío, los alumnos (bajo la guía del equipo docente) analizaron legislación nacional e internacional, diseñaron el articulado del anteproyecto y convocaron a los representantes parlamentarios para transferir el conocimiento generado en las aulas directamente al ámbito legislativo.
Durante el encuentro del 8 de junio, los estudiantes expusieron los fundamentos de la norma ante los diputados provinciales por el departamento Chilecito, quienes asistieron especialmente invitados por la cátedra para recibir el documento técnico que ahora continuará su tratamiento en la Legislatura de La Rioja.
La presentación institucional estuvo acompañada y respaldada por las máximas autoridades de la universidad: Abg. César Alberto Salcedo, Rector de la Universidad Nacional de Chilecito, Abg. Pablo Flaim, Director de la Escuela de Ciencias Sociales y la Abg. Norma González Ribot, Directora de la carrera de Abogacía.
Con esta presentación, la UNDeC ratifica su función social, promoviendo herramientas concretas que fortalecen la transparencia democrática, la seguridad jurídica y el derecho ciudadano de comprender las leyes.
